Todos los gobiernos tienen secretos de seguridad nacional, y normas y entes que los protejen. Generalmente esas normas y esos entes están referidas al campo militar y/o policial, o de otros organismos o entidades civiles íntimamente vinculadas con el tema de la seguridad nacional.
Pero lo que resulta bastante difícil de asimilar para el común de las personas, es el hecho de que un gobierno que no está en guerra o en inminente confontación con el vecindario, ni experimenta alzamientos internos que amenacen su estabilidad o su seguridad; imponga normativas orientadas a "clasificar" determinados actos y decisiones oficiales, que parecen dirigidas- por cuestión de estrategia política- a ser ocultadas del escrutinio popular por su temática controversial y comprometedora para sus autores. En una democracia hay actos o resoluciones gubernamentales que son o deberían ser objeto del debate público o de la constante fiscalización de los ciudadano,s auténticos entes representativos de la sobernía de la que dimanan todos los poderes del Estado. Sin embargo, hay normas creadas para evitar ese escrutinio popular y se crean normativas para obstaculizar cualquier intento por conocer- no se diga fiscalizar- ciertos actos del gobierno. Veamos un ejemplo: el uso de fondos públicos extraordinarios, creados so capa de la urgencia para obtención de recursos adicionales destinados a confrontar situaciones planteadas por el auge del crimen organizado y/o el narco-trafico y en general, la inseguridad
En nuestro pequeño país - y me refiero a Honduras específicamente- en que el llamado "sistema democrático" es de por sí endeble y contradictoriamente reacio a la auténtica participación ciudadana, la implementación de este tipo de normas y de otras como las llamadas "ley de escuchas", "ley anti-terrorista", además de la creación del Consejo Nacional de Seguridad integrado por los titulares de todos los poderes del Estado, del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y presidido por el Presidente de la República, se tiene como un hecho irrefutable que toda la institucionalidad del país está visiblemente decantada hacia las órdenes y lineamientos emanados del Ejecutivo. Se ha configurado en el pueblo la percepción de que todo lo que hace o se deja de hacer en el país, en todos los órdenes, depende en primera y última instancia de la voluntad del titular del Ejecutivo, mismo que controla la súper estructura del Consejo Nacional de Seguridad.
El pueblo percibe como un hecho irrebatible esa verticalidad en la expedición de las órdenes y disposiciones, cuyo cumplimiento resulta inapelable a nivel horizontal porque no habrá organismos ni jurídicos ni de otro orden a los que se pueda recurrir en demanda de rectificaciones en asuntos de interés público, ni siquiera para pedir explicaciones. Ya dijimos que existe la ley de secretos que lo impide. Es como si se tratase d órdenes emanadas del alto mando de un cuerpo castrense, que no admiten objeciones ni discusión alguna por parte de los subordinados, aún cuando estuvieren inficionadas de elementos contrarios a la ética pública, a los valores de la democracia o de la misma ley. En consecuencia, es lógico señalar que para la ciudadanía esa verticalidad mencionada antes se parece mucho a la conocida "voluntad omnímoda" de las dictaduras, aunque para imponerla se la disfrace con procedimientos aparentemente legales, pero que son en el fondo resultado de lineamientos político-partidistas con ocultas finalidades a ultranza. Lo cierto es que al pueblo se le presentan en último término los hechos consumados, avalados- eso si- por campañas de posicionamiento mediático, como aconsejan las conocidas técnicas de manipulación informativa.
Si a ello añadimos el hecho insoslayable de que el primer mandatario del país esté a punto de culminar su proyecto de reelección en un país cuya constitución politica la sigue prohibiendo expresamente,ya puede deducir el lector el plano en que nos encontramos.
